Por Felivia Mejía
En la entrada de playa Caribe, en el municipio Juan Dolio, hay una soga que impide el paso hasta que el visitante se entreviste con el portero.
El cabildo de ese municipio, de la provincia San Pedro de Macorís, designó una persona para que cobre 50 pesos por estacionarse próximo a la playa. Pero, según dice el ticket, no se hace responsable “de los daños ocasionados”.
Benino Ventura, residente en el Distrito Nacional, llegó a la playa, pasados unos minutos del mediodía, junto a su familia. Lo primero que hizo fue negociar el costo del alquiler de las sombrillas y las sillas. Regularmente, el precio oscila entre 200 y 400 pesos.
Para determinarlo, los “acomodadores” evalúan “al ojo” las condiciones económicas que perciben del visitante. Si es extranjero la cuota se podría aumentar hasta 500 pesos. En playa Caribe no existe la avalancha de vendedores de artesanías y de freidurías que se observa en otras, como en Boca Chica, por ejemplo. Sin embargo, sí exhibe en su orilla el congestionamiento de sillas, mesas y sombrillas en alquiler. El ambiente tranquilo contrasta con el dinamismo del vaivén de las olas, que hace honor a su nombre.
En el área existe una pequeña plaza en la que una vez funcionó un restaurante, pero que ahora está ocupada por un par de mujeres que venden pescado frito, yaniqueques, empanadas y refrescos.
Las propietarias de los fogones muestran pacientes un certificado que le otorgó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por haber sido capacitadas en el manejo de alimentos.
Rafael Valdez, acomodador y miembro del Sindicato de Trabajadores Playeros de Guayacanes, explica que ellos no aceptan que entren vendedores, para que no molesten a los visitantes.
Valdez llama “molestosos” a los que llevan su propia sombrilla y su silla y rehúsan contratar los servicios de un “acomodador”.
“Nosotros no tenemos problemas con quien trae su silla, pero hay gente que quiere colocarse justo donde uno ya tiene una mesa y a uno no le queda de otra que cederle ese espacio”, opina. Al lado de la freiduría están los baños, rotos y sin agua.
Un señor, empleado del cabildo, cobra 15 pesos por el derecho a usarlos. Bajo su responsabilidad está llenar galones de agua del mar para descargar los inodoros. La basura es otro elementos negativos. Era domingo cuando Benino visitó la playa y lo recibieron los zafacones rebosados de desperdicios.
“La gente del cabildo dura varios días sin venir por aquí, por eso se acumula mucha basura”, se queja José Martínez, otro de los miembros del sindicato.
Martínez también señala la falta de seguridad como un punto en contra de la playa. Asegura que la Policía Turística no tiene presencia en la zona.
