Constructora López Carías, demandante del Grupo Barceló, afirmó ayer que la petición a los presidentes de la República y de la Suprema Corte de Justicia para que intervengan en el proceso judicial, lo que busca es influenciar a los jueces de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís que conocerá el caso el lunes 20 de este mes.
Pedro Sepúlveda Miniño, propietario de la empresa, explicó que alquiló en febrero de 2006 cuatro locales comerciales a Hotelera Bávaro en las instalaciones del Complejo Hotelero Barceló Bávaro y que en 2009 los ejecutivos de Barceló ordenaron el decomiso de las mercancías que estaban en las tiendas por valor de 20 millones de pesos.
Subrayó que ante la acción, que se hizo de noche, con rompimiento de los candados y sin orden judicial, procedió a interponer una querella por robo agravado.
Sepúlveda Miniño expresó que durante la fase de la Instrucción, el Ministerio Público puso una serie de escollos, llegando a engavetar el expediente por más de un año.
Refirió que el 23 de noviembre pasado el tribunal colegiado de Primera Instancia de La Altagracia condenó a los ejecutivos de Hotelera Barceló a cinco años de prisión, en cuya sentencia fue excluido como actor civil.
A través de sus abogados Ana Cecilia Morún, José Manuel Alburquerque y Pablo Jiménez, dijo que durante el decomiso se llevaron toda la mercancía, así como bienes de una habitación que tenía alquilada en el hotel.
El Grupo Barceló, en un comunicado que hizo público el pasado miércoles, cuestionó la sentencia que condena a sus ejecutivos y pidió al presidente Leonel Fernández y al doctor Mariano Germán, presidente de la SCJ, seguridad jurídica para esa corporación.
La cadena hotelera consideró que la sentencia no aplica en este caso, debido a que tiene su origen en una litis de carácter civil y comercial relacionada con un embargo ejecutado en locales alquilados, cuyo contrato se había vencido y el inquilino no pagaba.
Sepúlveda Miniño sostuvo por su parte que en el país existe inseguridad jurídica porque contra su empresa no se agotaron los canales legales correspondientes.
