Al tiempo de reconocer el sagrado derecho que tienen las personas a expresarse y a la vez, a ser informado, existe lo que se llama el delito de opinión pública y los medios de comunicación. Las presentes generaciones estamos viviendo la era de la información y del conocimiento, sin embargo su mal uso puede llevarnos a la comisión de un delito.
El Estado como órgano regulador de clases sociales, es administrado por el Gobierno, que con la legitimidad que da el poder y la soberanía estatal, regula las actividades de todos los actores y fuerzas vivas de la nación organizada en sociedad.
Para hacer más efectiva la labor de los recursos del estado, su accionar ha sido dividido en tres poderes fundamentales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no obstante el momento histórico que vive el mundo de la comunicación hace de la prensa “el cuarto poder estado”. Nadie puede, ni quiere tener problemas con la prensa, un periodista o un dueño de medios de comunicación. El que controla o administra información, tiene el poder.
Todo lo antes dicho es el preámbulo para decir que lo que está ocurriendo en la gloriosa Policía Nacional dominicana, a raíz del polémico vídeo de un Raso de esa institución y más recientemente las deliberaciones de un alto oficial con rango de Coronel, no deben encontrar en los medios de comunicación apoyo mediático, pues se estaría violentando los estatutos orgánicos de los cuerpos castrenses del país, en este caso, el de la Institución Encargada del Orden Público.
Las consecuencias inmediatas del apoyo mediático que recibió el raso Daurin Muñoz son las declaraciones del Coronel Radhamés Santos Aquino, quien confiesa tener 35 años en la institución sin una solo mancha, tiempo más que suficiente para ser retirado como General y dar chance otro. Según los estatutos internos de la policía nacional, cada cierto tiempo debe haber retiro en la oficialidad para garantizar los ascensos, pues el numero de oficiales superiores son limitados por Ley orgánica.
Si hoy aplaudimos acciones como las ocurridas en la PN, luego veremos lo mismo en las Fuerzas Armadas (FFAA), en Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y en el Departamento Nacional de Investigación (DNI).. Por lo tanto debemos cuidar nuestros organismos de seguridad del estado y en esa lucha, el papel de la opinión pública, de la ciudadanía, los opinológos y editorialistas de prensa, es imprescindible o fundamental.
Desde que salió aquel vídeo, han aparecido varios representantes de medios de comunicación intentando aumentar el renting de audiencia en sus respectivas empresas ofreciendo de todo a un desesperado miembro de la policía como premio por haber cometido un falta grave, al deliberar políticamente. Claro…. lo hizo sin esperar semejante revuelo y reclamando mejores condiciones salariales.
Hasta un diputado demagogo, alzó su voz en el hemiciclo para alabar la desafortunada falta administrativa. Sin embargo, cuando han llegado a su mesa de trabajo los últimos proyectos de elaboración del Presupuesto Nacional o Ley de Gasto Público, nada hizo para recomendar un aumento de partida para la PN.
Al presidente de la República Lic. Danilo Medina no se debe distraer con asuntos que son propios del ministro de Interior y Policía, Lic. José Ramón Fadul. (Monchy) y menos en medio de una contienda electoral, donde un tema policial podría contaminarse políticamente. En tal sentido, el Congreso Nacional en nombre de la República, deben trabajar para corregir estas irregularidades socialmente comprensibles, al tiempo de garantizar la libre expresión del pensamiento, e impidiendo caer en el delito de opinión pública.
