POR RAMON PERDOMO
Para noviembre de 1921 cuando don Santiago Ricart Lamarche, protagoniza el acto de repudio a la dotación militar invasora junto a los miembros del Cuerpo de Bomberos y una parte del pueblo de la Sultana del Este, la situación económica del país, y por consiguiente de San Pedro de Macorís no era muy halagüeña, debido a las medidas en ese orden tomadas por la junta militar y a la deuda externa en la que habían sumido la nación dominicana, tanto los gobiernos pasados como el invasor.
Los niveles de repudio a las tropas interventoras se fueron incrementando a medida que la situación económica iba tomando ribetes de crisis, una por la baja en el precio del azúcar de caña en los mercados internacionales y otra por las regulaciones arancelarias y fiscales internas, como consecuencia de la intención desmedida del cobro de la deuda externa por parte de los gobernantes militares de turno, la que se elevó para 1922, en unos 43.7 millones de dólares.
Evidentemente que el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, del que para el primer cuatrimestre de 1922 habían renunciado tres regidores, incluyendo dos presidentes de la Sala Capitular, y el sindico; comenzaba a dar visos de crisis, y es que para el 13 de marzo de ese mismo año un grupo de empleados de esa entidad pública municipal, solicitaron un nuevo horario de trabajo debido a la rebaja en el sueldo que se les había hecho, veamos pues lo que dice el punto en esa sesión en donde se trata dicho problema:
“4to. Varios empleados municipales manifestando que con motivo de las recientes medidas del gobierno ordenando la retención temporal de parte considerable de sus sueldos, con lo cual se le obligara a sufrir privaciones y ver a sus respetables familia careciendo, desean que el ayuntamiento modifique el horario de las oficinas municipales...” Esto lo solicitan, con la intención del tiempo restante dedicarlo quizás a otras labores productivas.
Pero el problema de la crisis financiera del ayuntamiento en 1921-1922, a raíz de las medidas tomadas por el gobierno militar interventor y después del atropello de que fue objeto el señor Ricart Lamarche por parte de un oficial militar norteamericano, no terminan ahí, porque en la misma sesión de la sala capitular del 13 de marzo, se trató el tema de otra correspondencia que enviaran los músicos integrantes de la Banda Municipal dirigida por el insigne maestro Higüeyano Gabriel del Castillo (Gabú), en donde manifestaban la intención de suspender las Retretas Públicas hasta tanto el “ayuntamiento esté en condiciones de sostener la Banda de Música, con motivo del largo tiempo que no se le paga y además con motivo de los últimos rumores de que no se les podrá pagar por varios meses más”.
Y es que San Pedro de Macorís, con su industria Azucarera, fue una de las provincias que más sacrificada estuvo con el pago de la deuda externa, ya que con los impuestos cobrados en las aduanas no se cumplía el reglamento de mandar parte de esas recaudaciones a los ayuntamientos, sino que para la época fue ésta provincia la que más aportó en los fondos que tomó el gobierno interventor para la construcción de las tres carreteras troncales del país: Carretera Duarte (la que da al Cibao), carretera Sánchez (la que da al Sur) y carretera Mella (la que da al Este), con los puentes necesarios.
La respuesta a todos estos problemas, que verificaban una real crisis en el ayuntamiento de San Pedro de Macorís, por parte del gobierno militar, a través de la Secretaria de Estado de los Interior y Policía fue destituyendo tres de los 5 regidores y nombrando prácticamente una nueva Sala Capitular, con la anuencia del gobernador de turno Juan Felix Peguero, quien en esa sesión extraordinaria de dicho organismo celebrada el 14 de marzo, o sea un día después de la renuncia de los miembros de la banda de música y de la petición de los empleados municipales, se hizo presente y realizó la juramentación reglamentaria. A esta respuesta, el regidor que quedaba de los anteriores, Manuel Vicente Feliú, presentó su renuncia irrevocable.
Hay que resaltar también, que a cuatro meses de haber renunciado los oficiales y demás miembros del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís (11 de noviembre de 1921), por lo que quedó disuelto, a raíz del incidente con el señor Ricart Lamarche (Don Bebé) que era uno de los jefes oficiales, todavía la importante ciudad llamada Sultana del Este, no tenía un cuerpo de bomberos, pese a las presiones que hicieron los jefes militares norteamericanos, nombrando inclusive, como director del mismo a través de presiones en la Sala Capitular a un alto funcionario del ayuntamiento.
Sin que se tengan datos precisos al respecto, al parecer el incidente del empresario Ricart Lamarche, junto a la respuesta del pueblo y la oficialidad del Cuerpo de Bomberos, provocó un cambio en la jefatura militar de esta ciudad por parte de los invasores, y el teniente coronel William C. Harlle, quien protagonizó el mismo, y de quien se dijo estaba bajo los efectos del alcohol, fue sustituido y para el 17 de marzo del año en curso a las 11 de la mañana, fueron convocados a sesión extraordinaria los regidores y el síndico de turno, con la intención de presentar el nuevo jefe militar de San Pedro de Macorís, el coronel Lyman, quien se puso a disposición de dicho ayuntamiento y la población, y lanzó extensos elogios a esta ciudad.
En el orden social y político, la efervescencia se sentía, ya que en el aspecto cultural, los intelectuales se fueron agrupando para dar respuesta como una resistencia a la ocupación militar y muchos de ellos en San Pedro de Macorís, como es el caso de Virgilio Díaz Ordoñez, fueron perseguidos por la horda militar, y laureados poetas como Armando Oscar Pacheco, se enrolaron en la Junta Nacionalista, institución que se sumó al pedido del retiro de las tropas militares estadounidenses en suelo dominicano.
Asimismo, damas de los más resonantes apellidos de esta ciudad: Martínez, Amiama, Bermúdez, Bonilla, Díaz, Ordoñez, Richiez y otras, formaron parte de la comisión pro-Semana Patriótica, la que tuvo como finalidad denunciar en la ciudad de New York, los atropellos cometidos por militares de las tropas estadounidenses. Llegando incluso, a hacer actividades públicas en esta ciudad en ese sentido.
Los atropellos a ciudadanos como al abogado Santiago Lamela Díaz, a quien después de golpearlo se le puso a barrer las calles, al este querer defender en los tribunales a varios reconocidos obreros cocolos, quienes escenificaron una marcha por las calles de San Pedro de Macoris; el atropello al industrial Don Bebé Ricart y a varios bomberos, la persecución de destacados intelectuales locales, dieron pie a que la población sintiera repudio hacia las tropas invasoras, todo esto acompañado de la crisis financiera que se provocara en el ayuntamiento y otras dependencias estatales.
